Lo justo y lo eficiente
La entrada de hoy quiere dejar constancia de una subidea potencialmente poderosa extraída de A Positive Account of Property Rights (o, más propiamente, una observación empírica): suele haber una concordancia entre lo que es justo y lo que es eficiente.
Obviamente, lo que es justo quiere indicar lo que en una determinada sociedad y momento histórico se considera justo (o bueno, o conveniente, o,…). Así, justo no se refiere exclusivamente al derecho, aunque se solape con él.
El vector causal (muy hipotético) por el cual vendría a ser tal el estado de las cosas es una deconstrucción de la teoría del contrato social (que, como bien sabemos, nunca se redactó y nunca se firmó). Lo que sí que ha existido históricamente son contratos bilaterales y multilaterales entre los miembros de una sociedad, acuerdos para resolver determinados problemas. De todos ellos, los más eficientes, los más útiles para resolverlos fueron los que se popularizaron, los que acabaron convirtiéndose en los usos y costumbres en los que se apoya en primera (¿última?) instancia la ley.
[Un ejemplo: el problema de la tragedia de las dehesas (Hardin, 1968) admite una solución basada en la asignación de derechos de propiedad, el mercado, etc. Es la manera en que se han solucionado el 99.99% de las tragedias de las dehesas que en el mundo han sido. Ostrom dizque desmontó ese argumento mostrando cómo ciertas sociedades concretas solucionaron problemas similares mediante procedimientos alternativos: normas comunales, etc. El mecanismo basado en el mercado es eficiente, un máximo global, si se quiere; el alternativo podría ser considerado un máximo local que, sí, tiene su interés folclórico y antropológico; pero si esas soluciones no fueron adoptadas de manera global y generalizada fue por un motivo de peso: son inferiores y, en particular, no son escalables.]
Pero llegamos a 2022. Vivimos en una sociedad postindustrial donde la eficiencia ha dejado de ser condición necesaria para la supervivencia. Ser un poco menos eficiente ya no significa incrementar la tasa de mortalidad infantil en un 25%. A lo sumo, que haya menos renta disponible para ir de vacaciones o que falten fondos para tratar alguna enfermedad rara. Lo cual podría contribuir a romper el binomio justicia-eficiencia. Creo que las implicaciones son obvias y que no merece abundar en ellas.
