Una norma estadounidense, el Renewable Fuel Standard, exige que un porcentaje del combustible usado para el transporte en ese país tenga origen renovable. Como consecuencia, el 40% del cereal se usa para fabricar gasolina. Nicholas Decker argumenta que se trata de una política ineficiente, que perjudica tanto al medio ambiente como a los consumidores y propone eliminarla para reducir los precios de los alimentos y mejorar la eficiencia energética del transporte.

Paul Krugman reflexiona sobre el fracaso del metaverso de Meta y aprovecha para relacionarlo con las críticas habituales al gasto público: el sector privado también comete enormes errores de asignación, pero se lo juzga con menos severidad que al público. Pero entonces, ¿quién debería embarcarse en proyectos innovadores y arriesgados? ¿No es mejor que lo hagan inversores particulares voluntariamente? ¿O deberían ser, en última instancia, los contribuyentes? No lo entiendo.

María Luisa Muñoz Paredes trata varios temas relacionados con la fijación de precios en Precios personalizados y dinámicos en el seguro tras la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, de Atención a la Clientela y, entre ellos, la prohibición del price gouging.

John H. Cochrane explica cómo determinadas políticas implementadas por muchos gobiernos con el aplauso de los votantes para afrontar subidas repentinas de precios —como la actual de los combustibles— se convierten en inflación persistente. Tanto los topes de precio –que eliminan los incentivos para reducir el consumo— como los subsidios tienen efectos de segundo orden de naturaleza inequívocamente inflacionaria.

Los países europeos, según advierte Ulrike Malmendier, corren el riesgo de convertirse en «vasallos» de no crecer.

The Economist estudia cómo OnlyFans y otras plataformas similares están transformando el trabajo sexual en una industria masiva y digitalizada, instando a los economistas a estudiar este sector con rigor para comprender cómo la tecnología altera la dinámica del mercado. También se hace eco del significativo aumento de la emigración de ciudadanos occidentales hacia otros destinos —impulsada por el auge del trabajo remoto, el descontento político y la presión fiscal— y de cómo este fenómeno está creando una «economía de expatriados» con consecuencias profundas tanto para los países que pierden talento como para los que lo reciben.

Si una empresa anuncia despidos alegando condiciones adversas en el mercado, los inversores tienden a penalizarla; si, por el contrario, anuncia despidos alegando el incremento de productividad asociado a la implantación de nuevas tecnologías, como la IA, los inversores tienden a premiarla. Así, Gautam Mukunda critica el «AI-washing», el hecho de que las empresas señalen a la IA como la causa de los despidos masivos que realizan con el único fin de señalar información confusa a los inversores.

Jesús Alfaro analiza la prevalencia del pensamiento de suma cero en la sociedad española. Argumenta que la hiperregulación y la falta de confianza inducida por el gobierno han erosionado la capacidad de cooperación social y el crecimiento económico.

Hablamos sobre cómo la economía de Malawi se sostiene fundamentalmente gracias a la ayuda externa. Acaba de publicarse un estudio sobre el impacto de la suspensión de la ayuda de USAID en el país, que encuentra que los recortes de la ayuda externa están induciendo a los ciudadanos a presionar a su gobierno para que asuma la responsabilidad de la provisión de servicios básicos y mejore su gobernanza.