The Economist advierte de una inminente crisis de deuda pública en el mundo rico por la subida de tipos. Añade que el peligro se concentra en Europa, sobre todo en Francia, pero que el BCE no debe rescatar a gobiernos que se niegan a ajustar sus presupuestos.
El subtexto del artículo enlazado es que los gobiernos democráticos pueden permitirse maltratar a sus ciudadanos en tanto que los autoritarios tienen que ganarse su apoyo día a día.
John Cochrane se pregunta por qué los votantes de todo el espectro político apoyan los controles de alquileres y los subsidios pese a sus fracasos históricos. Lo atribuye a generalizar la experiencia personal del precio como transferencia, al pensamiento de suma cero, al moralismo tribal y a ignorar los contrafactuales (las viviendas no construidas y a los excluidos del reparto de lo existente). Además, es pesimista acerca de la eficacia de la educación económica. Así que plantea como solución limitar constitucionalmente la capacidad de los gobiernos para regular precios.
La «teoría del todo» del transporte público —pedirle que sea respetuoso con el medio ambiente, que genere puestos de trabajo, que atienda a las comunidades más desfavorecidas, etc.— encarece y dificulta su misión principal: mover a la gente de un lado a otro. Eso perjudica, además, a los pobres sin coche, que son quienes más lo usan.
Patrick Fitzsimmons sostiene que lo que acabó con la Edad de Bronce no fueron solo las sequías, los «Pueblos del Mar» o las revueltas, sino el hierro. El bronce exigía estaño, solo disponible en minas lejanas (Cornualles, Afganistán). Por lo tanto, las armas de calidad estaban solo a disposición de instituciones consolidadas —los imperios de la época—, las únicas capaces de gestionar el comercio a gran escala. La aparición del hierro «democratizó la violencia» y subvirtió el orden establecido.