Derecho

Gemini dice que una “escalada de privilegios” es:

una técnica de ciberataque donde un atacante, que ya ha conseguido un acceso inicial y limitado a un sistema, manipula o explota vulnerabilidades para obtener un nivel de acceso o permisos mucho mayor del que le corresponde.

Y sigue:

Piensa en ello como si un ladrón entrara a un edificio con una simple llave de conserje (acceso limitado) y luego encontrara una forma de conseguir la tarjeta maestra que abre todas las puertas, incluyendo la caja fuerte (acceso total o de administrador/root).

El artículo AI and the Law especula sobre cómo la IA generativa afectará la evolución del derecho contractual, el derecho de propiedad y el derecho de daños.

Por un lado, su autor argumenta que la IA generativa reducirá dos costes: el de redacción de contratos y el de los litigios. Esto tendrá dos efectos: el primero, que mejorará la calidad de los contratos, reduciendo litigiosidad. Pero, a la vez, la abaratará y, por lo tanto, aumentará su demanda.

Aquí se habla de algo de cuya parte más relevante para lo que sigue, ChatGPT ha hecho el siguiente resumen:

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el campo de la penalística, especialmente en lo relacionado con la predicción del comportamiento delictivo. Esta capacidad predictiva de la IA se basa en el análisis de datos y el uso de algoritmos para formular pronósticos de validez en la prevención de conductas criminales. Sin embargo, es necesario tener precaución en su aplicación, ya que la configuración de los algoritmos puede estar influenciada por ideologías y generar resultados sesgados. Además, la utilización de la IA para fundamentar decisiones judiciales plantea interrogantes sobre la neutralidad del sistema y el respeto a los derechos fundamentales del ciudadano, como el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo.

Esta es una entrada en pro de la cantonalización de los partidos políticos españoles, i.e., de la fragmentación regional de los grandes partidos. Cantonalización tiene connotaciones negativas en España y seguro que suscita un distanciamiento con respecto a la tesis defendida aquí en muchos. No es interés del autor tratar de, dirían algunos, cohonestar el término o apuntar algunos de sus defectos —previstos o no por el autor— sino plasmar una propuesta de cantonalización de los partidos políticos como solución —siempre parcial, como es de necesidad en el ámbito político— a algunos de los problemas concretos que plantea el actual estado de las cosas.

Mario Conde es abogado. Todos sabemos que pasó una temporada en la cárcel. Menos conocido es que acabó escribiendo un libro —que, obviamente, no he leído— con un título que dice muchas cosas: Derecho penitenciario vivido. Supongo que podrían escribirse muchos otros libros similares acerca de cualquier otra ley: ley orgánica de la educación (cualquiera de ellas) vivida, etc. Cada uno podrá traer sus propios ejemplos.

Lo que podemos aprender del título de ese libro es que media —o puede mediar— una distancia considerable entre los pretendidos efectos de la ley —frecuentemente glosados en el preámbulo en términos nada sorprendentemente optimistas de su aún no probada eficacia— y los que se obtienen tras su entrada en vigor. (Escribe esto alguien que en 2007-2008 se ganaba la vida reescribiendo en forma de software la norma internacional imperante en el momento, Basilea II, para reducir la probabilidad y mitigar el impacto de una crisis del sistema global de crédito. El colapso de Lehman Brothers lo sorprendió picando código.)

Leo aquí:

En otras entradas he resumido y comentado trabajos que giran en torno a la idea de que la función fundamental – si no única – del Derecho es facilitar la coordinación en los grupos humanos de gran tamaño permitiendo a cada miembro del grupo saber qué van a hacer los otros. La norma indica la conducta esperada de los otros miembros del grupo si el Derecho está “vigente” socialmente, esto es, si las normas se cumplen generalizadamente. Si lo hacen, la gente puede calcular que los demás, si se promulga una nueva norma, la obedecerán y, en consecuencia, tenderá, él mismo, a obedecerla. Se explica así, sencillamente la intuición de Hume acerca de que el dictador no logra la obediencia por el miedo o la amenaza. En los extractos que traduzco a continuación se explica cuál es el mecanismo a través del cual este efecto del Derecho es posible: a través de la publicación de las normas, su contenido se hace “conocimiento común” (common knowledge) y eso modifica las expectativas de cada miembro del grupo respecto de la conducta que adoptarán los demás. Si cada uno espera que los demás cumplan la norma (y para ello basta con que piensen que los demás pensarán que los demás cumplirán la norma y así recursivamente hasta el infinito), tendrán incentivos para cumplirla, no por la amenaza de la sanción, sino, como explicaba Binmore, por temor a que los demás dejen de considerarlo como compañero en la cooperación social. Para que ese temor sea eficaz basta con que nuestra psicología haya internalizado que el ostracismo significa la muerte dada la intensísima dependencia del linaje homo del grupo.