Sé lo justito de derecho, particularmente del penal. Sé más de informática y, por lo tanto, se me excusará que trate el primero y, en particular, lo que concierne al indulto, de manera analógica.
El sistema del derecho penal se parece a un sistema informático complejo. Piénsese en el que gobierna las operaciones corrientes en un banco: transferencias, nóminas, contrataciones, recibos, etc. Es una secuencia de instrucciones if-then: si se dan unas condiciones, se activan unos procedimientos.
Hoy en día existen leyes permisivas —por calificarlas de alguna manera— con el aborto que reflejan el sentir popular actual sobre el asunto.
Pero es entretenido pensar cómo pudiera pendular dicho sentir en el momento en el que arrecie la crisis demográfica hacia la que nos encaminamos. Y, como consecuencia de ello, en qué dirección podría virar la legislación venidera.
El futuro va a ser, sin duda, entretenido.
Aquí se habla de algo de cuya parte más relevante para lo que sigue, ChatGPT ha hecho el siguiente resumen:
La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el campo de la penalística, especialmente en lo relacionado con la predicción del comportamiento delictivo. Esta capacidad predictiva de la IA se basa en el análisis de datos y el uso de algoritmos para formular pronósticos de validez en la prevención de conductas criminales. Sin embargo, es necesario tener precaución en su aplicación, ya que la configuración de los algoritmos puede estar influenciada por ideologías y generar resultados sesgados.
En términos muy gruesos, cierto tipo de discusiones pueden categorizarse en dos categorías: la positiva y la meta. La siguiente imagen permite ilustrar la diferencia a la perfección:
En una discusión positiva se criticaría a quienes toman el atajo: existe una norma casí explícita —camínese por la senda provista a tal efecto—, pero unos cuantos avispados reinterpretan o desnaturalizan lo que debe hacerse y eso, necesariamente, es cuestionable. En una discusión meta, sin embargo, uno podría comenzar cuestionando desde el principio el trazado de la senda para acabar, probablemente, justificando el uso del atajo.
Mario Conde es abogado. Todos sabemos que pasó una temporada en la cárcel. Menos conocido es que acabó escribiendo un libro —que, obviamente, no he leído— con un título que dice muchas cosas: Derecho penitenciario vivido. Supongo que podrían escribirse muchos otros libros similares acerca de cualquier otra ley: ley orgánica de la educación (cualquiera de ellas) vivida, etc. Cada uno podrá traer sus propios ejemplos.
Lo que podemos aprender del título de ese libro es que media —o puede mediar— una distancia considerable entre los pretendidos efectos de la ley —frecuentemente glosados en el preámbulo en términos nada sorprendentemente optimistas de su aún no probada eficacia— y los que se obtienen tras su entrada en vigor.
Leo aquí:
En otras entradas he resumido y comentado trabajos que giran en torno a la idea de que la función fundamental – si no única – del Derecho es facilitar la coordinación en los grupos humanos de gran tamaño permitiendo a cada miembro del grupo saber qué van a hacer los otros. La norma indica la conducta esperada de los otros miembros del grupo si el Derecho está “vigente” socialmente, esto es, si las normas se cumplen generalizadamente.
