Riesgos y vacunas

Aunque planteada con toda la crudeza, la pregunta sobre si es lícito poner en peligro (incluso de muerte) a otros parece suscitar en nosotros una respuesta moral negativa, la realidad es que es algo que ocurre rutinariamente. Por ejemplo, sucede así con el tráfico rodado: los conductores ponen en peligro tanto a peatones y ciclistas como a otros conductores —por no hablar de a sí mismos—; no obstante, está permitido conducir todo tipo de vehículos.

Frente al problema planteado por las actividades que pueden poner en peligro a terceros, las distintas sociedades han tomado medidas de diversa índole. Por ejemplo, la prohibición: está prohibido poseer material radioactivo, explosivos, cepas de la viruela, etc.

Es lógico imponer una prohibición cuando el beneficio de la actividad no compense el riesgo potencial a terceros. Pero no pasa así con otras muchas actividades, como la conducción, la posesión de armas de fuego (por motivos deportivos, p.e.), etc. En tales casos, la actividad está permitida en tanto que produce beneficios sociales que sobrepasan los costes. Pero, a la vez, restringida de diversas maneras para tratar de reducir el riesgo que los beneficiarios directos imponen sobre los demás. Es decir, se les obliga a detraer una parte del beneficio que obtienen para financiar medidas que limiten el riesgo.

Generalmente, además, estas restricciones están basadas en análisis coste-beneficio más o menos explícitos.

El problema que ha surgido alrededor de las vacunas —y no solo la del covid— y la negativa de una porción significativa de la población a vacunarse puede plantearse precisamente en estos términos. En concreto, toda persona pone en peligro a lod demás de dos maneras:

  • Puede contagiarle una enfermedad.
  • Puede, de contagiarse, acabar produciendo un gasto médico que, típicamente, está mutualizado; es decir, quien se enferma no asume el coste total del tratamiento sino que gran parte de él recae en los demás. Este problema es particularmente acuciante en los periodos pandémicos cuando, además, existe el riesgo de sobresaturación de los sistemas sanitarios.

De ahí que sea legítimo exigir —por la vía que sea— a todas las personas que tomen las medidas oportunas —por supuesto, dentro de los límites de la proporcionalidad e idealmente dentro del marco de un análisis coste/beneficio adecuado— para reducir el riesgo que imponen sobre los demás.

No soy yo quien debe pronunciarse —ni me atrevería a ello— acerca de cuáles son las medidas exigibles en el marco de la actual pandemia del covid, pero sí quería explicitar este marco moral en tanto que útil para reflexionar sobre el asunto.